Para comenzar no puedo obviar un breve comentario sobre la situación draconiana que se vivía en España, desde la perspectiva de los juristas anglosajones, en materia de segunda oportunidad con anterioridad a la aprobación del Real Decreto 1/2015, de 27 de febrero, donde las personas con deudas inasumibles quedaban condenadas a una vida clandestina desde la punta de vista laboral, fiscal, bancaria, comercial, etc...
Por nuestra tradición hemos convivido con la figura del fresh start toda nuestra vida. En el Reino Unido, la primera ley “Fresh Start” (The Bankruptcy Act) fue promulgada en el año 1869 y, en la misma época, en Estados Unidos la bancarrota voluntaria. Un siglo antes en estos dos países como en todo Europa Occidental la solución para este problema económico era los “Debtors’ prisons” (cárceles para deudores) or “Locked Workhouses” (asilo cerrado).
Hoy en día en Inglaterra se puede solicitar la liberación de las deudas exclusivamente por Internet, con un coste administrativo de 680 libras (alrededor de unos 800 euros), y si prospera se estará oficialmente en bancarrota quedando inscrito en un registro público como tal durante un plazo de 12 meses (aunque afecta a la calificación crediticia durante un mínimo de 6 años). Sobre la inscripción se podrá solicitar en una vista que no figure la dirección en el caso de que se acredite que existe riesgo de violencia por parte de un acreedor.
Durante este tiempo no te podrán prestar dinero sin avisar al prestamista, ni ocupar un cargo de administrador en una empresa, siendo los bienes del deudor probablemente vendidos por el administrador judicial para saldar las deudas en la medida de lo posible y las cuentas bancarias congelados. No obstante, con la excepción de aquellas herramientas que sean necesarias para ganarse la vida, así como los efectos personales.
Asimismo se incluye dentro de los activos vendibles por la administración judicial para aportar liquidez a la masa de la quiebra personal la vivienda pero, sin embargo, la pensión queda intacta para el futuro. Por otra parte, no quedarán canceladas aquellas deudas consideradas fraudulentas, fiscales, ni obligaciones familiares establecidas o ratificadas por un juzgado.
En los Estados Unidos la quiebra es un proceso judicial federal que puede ayudar al consumidor, dependiendo de sus ingresos y circunstancias. Las leyes sobre la quiebra ofrecen la vía para eliminar muchas obligaciones financieras y comenzar de nuevo. Sin embargo, la quiebra puede tener un efecto negativo a largo plazo en su capacidad para obtener crédito, encontrar trabajo, conseguir seguro o alquilar una vivienda durante 7 o 10 años.
Existen dos tipos de declaraciones de quiebra a disposición de individuos: la del Capítulo 7 o de “liquidación” y la del Capítulo 13 o de “reintegro”. En el Capítulo 7, el tribunal de quiebra perdona la mayoría de las deudas y el fiduciario judicial toma posesión de la propiedad no exenta, hace arreglos para vender o liquidarla y es responsable de pagar la mayor cantidad de las deudas como sea posible con el producto de la venta (la quiebra no puede borrar todas las deudas).
La declaración en quiebra al amparo del Capítulo 13 permite pagar las deudas por cuotas durante un plazo acordado de antemano, por lo general de entre tres a cinco años. El tribunal debe aprobar el plan para reintegrar todo o parte del dinero que debe. Muchas personas que quieren mantener su propiedad, como una casa o automóvil, declaran quiebra bajo el Capítulo 13. Como en Inglaterra, no se condonan las deudas por impuestos, divorcios, fraude, artículos de lujos (comprados recientemente), etc...
¿Que opináis sobre la ley de segunda oportunidad española? ¿Se puede mejorar si atendemos a la regulación de los países con mayor tradición?